El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Gonzalo Arguilé, ha anunciado hoy que convocará elecciones a Cámaras Agrarias al no haber acuerdo entre los sindicatos para la disolución de estos organismos ni para la representatividad agraria. Arguilé ha mantenido hoy dos reuniones con representantes de ARAGA y UPA en primer lugar y de ASAJA y UAGA en el ámbito de la Comisión Permanente de las Organizaciones Profesionales Agrarias para tratar de dirimir las diferencias que mantienen estas organizaciones por la aplicación de la Ley de Representatividad.La consejería ha propuesto hoy el respaldo al borrador en semejanza a la representatividad que otorga la ley nacional; y que en el caso de que se quieran suprimir las Cámaras se admitiera que en Aragón hay cuatro organizaciones agrarias, no se hacían elecciones y se posponía el debate del reparto de los cuatro millones que vale el patrimonio de las cámaras.A juicio del consejero, si este fondo se repartiese, una parte tendría que ir a las organizaciones agrarias, otra a la Federación de Cooperativas y otra se la tendría que reservar la administración.Al no haberse admitido ninguna de las medidas, el consejero ha anunciado que convocará elecciones a Cámaras y el patrimonio seguirá perteneciendo a las mismas, por lo que la Ley que promueve el Ejecutivo autonómico queda sin sentido.El proceso de elecciones, que tiene un coste de unos 600.000 euros, se prolongará seis meses, por lo que se calcula que se podrían celebrar entre noviembre y enero.Esto conllevará la necesidad de actualizar el censo, que en la actualidad plantea un inconveniente que se analizará jurídicamente, dado que en la ley todavía figuran los afiliados a la Seguridad Social, al Régimen Especial Agrario y al de Autónomos de la Agricultura cuando en la actualidad solo hay un régimen.Por otro lado, la Consejería ha anunciado que se van a enviar 50.000 cartas a los agricultores y ganaderos que tienen préstamos vivos y a las entidades financieras con las que está establecido el convenio para que se muestren favorables a la prórroga de los préstamos como se acordó con los Gobiernos central y autonómico, ante las quejas planteadas por las organizaciones agrarias por las trabas que imponen los bancos.
