Desde el Gobierno de Aragón se ha anunciado que se van a buscar apoyos de otras comunidades autónomas para pedirle al Ministerio que a su vez solicite a la UE una moratoria en la entrada en vigor de la aplicación de la Ley de Bienestar Animal. Así lo anunció el consejero aragonés, Modesto Lobón, quien participó en la clausura de la Asamblea de ASAJA Teruel, en la que participó el secretario general, Ángel Samper.La normativa de bienestar animal implica que desde enero de 2013 haya nueva normativa para las granjas de porcino, que para adaptarse a esa mueva ley, deberían hacer frente a inversiones de unos 180.000 euros de media por granja (que además deben afrontar los ganaderos, no las integradoras), algo que puede provocar el cierre de decenas de explotaciones en Aragón, una de las potencias nacionales en el sector porcino. En nuestra comunidad autónoma hay 3.600 explotaciones de porcino, y se calcula que harían falta unos 42 millones de euros para adaptarse a la nueva normativa europea.
