Además de las medidas estructurales que den rentabilidad al sector de la fruta dulce, y que como desde Asaja se lleva insistiendo pasan por la búsqueda de nuevos mercados, por el ordenamiento de la cadena alimentaria y por redefinir el papel de las Organizaciones de Productores, se deben abordar otras cuestiones a corto plazo, que eviten la asfixia del productor.
Una de estas cuestiones es el vencimiento que desde el Gobierno de Aragón se concedió a los fruticultores aragoneses con motivo del veto ruso. La ruinosa campaña de fruta hace imposible la devolución de estos préstamos, por lo que se deben estudiar medidas en la flexibilización de los pagos, como puede ser el aumento del periodo de carencia.
En estos se están produciendo pagos de campaña a los productores con liquidaciones de 15 céntimos por kilo que resultan ruinosas para el agricultor. Desde la administración, tanto autonómica como nacional se debe vigilar la cadena alimentaria, y hacer cumplir los dispuesto en la Ley de Cadena Alimentaria, de tal manera que se eviten malas prácticas que de seguir produciéndose van a llevar a la ruina a uno de los sectores que más empleo genera en Aragón y que más entrada de divisas supone.
