Tras analizar la situación de mercado de las principales producciones agropecuarias, con precios en origen iguales o inferiores a campañas anteriores, que muchos casos no cubren ni siquiera los costes de producción y que abocan a las explotaciones al borde de la quiebra, el órgano directivo de la Organización considera que el Gobierno debe tomar medidas para acabar con estas situaciones de desequilibrio entre los distintos agentes de la cadena agroalimentaria y fomentar y mejorar el sistema de contratos agrarios entre productores y el resto de agentes que intervienen en el proceso de venta y comercialización de los productos agroalimentarios. En opinión de ASAJA, el Gobierno debe actuar en una doble vertiente. Por un lado, avanzando en la línea de los contratos con participación de la administración y representantes del sector fomentando al maximo esta modalidad con la fijación de precios referenciados a unos índices móviles o cotizaciones de referencia y, por otro, incentivando los contratos individuales, estipulando la obligatoriedad de un contrato escrito con un precio determinado. Con ello se lograría eliminar una serie de practicas bastante extendidas y que suponen una clara desventaja para el productor como son las ventas de productos sin precio o las denominadas entregas a resultas. La utilidad de este tipo de contratos de compra-venta e incluso su obligatoriedad en algunos sectores productivos ha sido reclamada por Parlamento Europeo en su reciente informe para mejorar las cotizaciones agrarias y combatir los abusos detectados en la configuración de los precios de los alimentos. La Eurocamara aboga incluso por una legislación que permita un reparto mas justo de los margenes comerciales, reconociendo que el productor agrario es el eslabón mas débil frente a las industrias o la distribución. En esta misma línea, la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley que insta al Gobierno a estudiar los desequilibrios en la cadena de distribución alimentaria, y evaluar si es necesario una modificación de la Ley de contratos del sector.    Desde ASAJA, confiamos en que el Gobierno sea receptivo y agil en dar respuesta a unas peticiones que no son solo de esta Organización sino que son reclamadas desde instituciones como el Congreso de los Diputados y el propio Parlamento Europeo.
